Días pasados ocurrió un hecho tan inédito como repudiable para la historia de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina. Un grupo de medios pidió investigar a funcionarios y, particularmente, a periodistas, por sus afirmaciones públicas.
Más allá del contexto político y social de estas opiniones, es decir la implementación plena y sin distinciones de la Ley de Medios, esta denuncia “por incitación a la violencia colectiva”, constituye un inaceptable recurso para establecer una “ley mordaza” de hecho.
El grupo Clarín, autor responsable de esta planteo que de aplicarse podría significar la cárcel para los periodistas denunciados, ha sobrepasado los límites éticos en su impostura de mantener sus privilegios como oligopolio de medios de comunicación.
Resulta contradictorio que un medio de comunicación, que trabaja precisamente con esa delicada materia prima que es la libertad de opinión, y “fundamenta” su demanda en esos valores que en realidad son de todos los argentinos, pretenda amedrentar a quienes piensan diferente.
Además de abrir la puerta para el encarcelamiento de periodistas, cuyo antecedente más inmediato lo tenemos en la Dictadura Militar, intima a los periodistas a revelar sus fuentes de información y opinión, lo que constituye otra violación de un derecho constitucional, como es la preservación de la fuente informativa.
La Argentina vive un momento inédito de libertad de expresión y de prensa, que no solo es mérito de un proyecto político, sino una construcción colectiva que entre todos estamos solidificando con la defensa irrestricta de la preservación de la opinión.
La derogación de las penas de prisión para los delitos de calumnias e injurias, aprobadas por ley del Congreso de la Nación en noviembre de 2009, fue impulsada por este Poder Ejecutivo Nacional que hoy es blanco de todas las formas de ataques personales y políticos, en el marco de una puja de intereses sin precedentes encarnada con un grupo de medios que no quiere ceder ante la vigencia de nuevas normas de convivencia.
Los intentos aclaratorios posteriores realizados por Clarín, no alcanzaron para tapar el escándalo, que mereció el rechazo de periodistas, incluidos los que trabajan en las empresas del grupo, y de organizaciones periodísticas como FOPEA, SIP, entre otras, además del respaldo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), referenciado en el periodista Horacio Verbitsky.
Desde ya nuestra solidaridad con los denunciados injustamente, en especial para los periodistas Robero Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras y Javier Vicente, quienes solamente cumplieron su derecho de opinar.
