El 24 de marzo de 1976 se cometía el ataque más brutal contra el sistema democrático en nuestro país.
Su tristísimo saldo de miles de muertos y desaparecidos, además de las secuelas en exiliados y presos "políticos, sigue impactando a pesar del paso del tiempo desde aquella jornada que inauguró una noche negra de siete años.
Los juicios de la Verdad pusieron el acento a las caras visibles de las Juntas Militares, con condenas ejemplares, que fueron propiciadas por la derogación de las leyes de impunidad y el indulto menemista.
La lucha de las organizaciones de derechos humanos motivó al Estado a pedir disculpas y ponerse manos a la obra para castigar a todos los responsables.
Sin embargo, la etapa que viene es la condena a los cómplices civiles que estuvieron entre los jueces, eclesiásticos, empresarios, grupos económicos, entre otros.
Algunos datos sobre juicios en marcha que destapan y actualizan más que nunca esta temática que debemos abordar. Por ejemplo, en Mendoza cuatro ex magistrados van a juicio por omitir e investigar desapariciones y torturas.
La Justicia cómplice de la Dictadura aún sobrevive en Democracia dentro de determinados círculos, como el huevo de la serpiente.
La no aceptación de recursos de habeas corpus de personas desaparecidas era una "entrega" lisa y llana de seres humanos que posteriormente eran torturados, desaparecidos y asesinados.
En Tucumán, en el marco de la Megacausa por delitos de lesa humanidad, se investiga al cura católico José Mijalchik, quien junto al escribano Juan Carlos Benedicto son los primeros civiles que declaran en juicio oral.
No podemos dejar de mencionar la complicidad de sectores de la conducción de la Iglesia Católica en los operativos represivos y no sólo con el silencio exclusivamente.
Aún esperamos esa necesaria autocrítica eclesiástica de lo ocurrido durante la represión ilegal, salvando las ejemplares acciones de los curas de la Teología de la Liberación, con su trabajo en las villas, siguiendo el ejemplo del Padre Mujica, del obispo Angelelli o el reciente recordatorio del padre Carlos Murias, entre otros.
Y por último, el reciente fallecimiento del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, actualizó el debate sobre el compromiso de sectores económicos concentrados que destruyeron la economía nacional.
Martínez de Hoz estaba cumpliendo prisión domiciliaria en una causa por desaparición de dos empresarios, lo que también refleja a qué extremo llegaron algunos para poder aplicar un plan económico que solamente servía para excluir y carcomer el aparato industrial argentino.
Estamos hablando de las necesarias revisiones de lo ocurrido en la Dictadura, donde sectores civiles, no todos porque muchos resistieron hasta la muerte, prestaron su consentimiento para que las Juntas Militares mandaran en el país.
Sin dejar de recordar hoy más que nunca a los 30 mil desaparecidos, la lucha debe ir por más, por mucho más.
Si queremos construir un país en serio, se debe hacer sobre la base de la Justicia y no en nombre de falsas reconciliaciones.
Los juicios sobre la complicidad civil, que son los juicios que nos faltan, cerrarán definitivamente las heridas que comenzaron a abrirse hace 37 años.
Cecilia Porta de Salas
Diputada Provincial
Partido Solidario
